Peritaje en materia de impacto ambiental y social de las afectaciones del Aeropuerto Regional Barrancas el Cobre

En abril del 2014 la Comunidad Rarámuri de Bosques de San Elías Repechique interpuso un juicio de amparo (Exp. 422/2014) en contra de autoridades del Gobierno estatal y federal por la falta de consulta previa, así como por las afectaciones causadas por la construcción del Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre, en la localidad de Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.

El 27 noviembre de 2014 el Juez Octavo de Distrito concedió el amparo a favor de la comunidad. En los términos de la sentencia, el Gobierno del Estado debía realizar la consulta dentro del ámbito regional de la comunidad, previo a la continuación de la construcción del aeropuerto. En el desarrollo de la consulta, las autoridades en cooperación con la comunidad, debían

“evaluar el impacto social, cultural, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que la construcción del aeropuerto produjo y producirá sobre la comunidad.”

Ello incluía la realización de

“estudios por entidades independientes y técnicamente capaces, conforme a los estándares internacionales, respetando las tradiciones y cultura del pueblo indígena, lo que implica el derecho de ésta a intervenir y ofrecer elementos que demuestren, entre otros, el perjuicio que les cause y causará la construcción u operación de la citada terminal aérea.”

Asimismo, la sentencia señala:

“Una vez concluida la consulta, las autoridades deberán tomar acciones inmediatas, según lo convenido, que resultarán adecuadas, conforme a su competencia, para resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones que incidan en la subsistencia de la comunidad indígena por la construcción del aeropuerto.”

Más adelante, especifica que los acuerdos de solución para prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones que incidan en la supervivencia de la comunidad indígena, deben entenderse

“según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la capacidad de preservar, proteger y garantizar la relación especial que el poblado indígena tiene con su territorio, de tal forma que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas.”

En 2015, la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC), asociación civil que apoyó a la comunidad en el proceso legal, solicitó al Dr. Bojórquez, llevar a cabo un peritaje para evaluar las afectaciones materiales e inmateriales generadas por la construcción del Aeropuerto.

En agosto de 2015 un equipo de investigadores y técnicos de LANCIS, llevaron a cabo el trabajo de campo y los análisis para reunir las evidencias necesarias para la evaluación.

La valoración de las afectaciones siguió el enfoque de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Bajo este enfoque, las afectaciones se valoran con respecto al derecho de la comunidad de contar con un ambiente propicio para el disfrute de una vida prolongada y saludable, la adquisición de conocimientos y el logro de un nivel de vida digno.

Metodológicamente, el peritaje se basó en el marco analítico de vulnerabilidad de medios de vida. Este marco permite caracterizar la capacidad adaptativa de la comunidad para ajustarse favorablemente a cambios en el largo plazo, sin perder su identidad. Dicha capacidad se mide en términos de cinco tipos de “capitales”-financiero, físico, humano,

natural y social. Los capitales se refieren a los recursos de los que disponen los hogares de la comunidad para satisfacer sus necesidades, llevar a cabo sus tareas y perseguir un nivel de vida digno, conforme a su propia cosmogonía y creencias.

Las evidencias sobre los efectos de la construcción del aeropuerto sobre los capitales considerados en este peritaje se obtuvieron a través del registro de testimonios directos de la comunidad, de registros fotográficos, del análisis de la calidad del agua de los aguajes en áreas aledañas, del peritaje antropológico y de la revisión de literatura especializada.

Además, se utilizó una técnica de modelación multicriterio para examinar la eficacia de diferentes medidas propuestas para resarcir, prevenir, aminorar y mitigar las afectaciones del aeropuerto.

Los resultados del peritaje demostraron afectaciones a los aguajes, a la red de veredas, a la seguridad del hogar, a los nexos comunitarios, al territorio y a la identidad cultural de la comunidad. Dichas afectaciones constituían daños tangibles y severos que incrementan la vulnerabilidad de los hogares de la comunidad a niveles inaceptables. Con estas bases, se presentan alternativas viables para minimizar la vulnerabilidad de medios de vida y maximizar la capacidad adaptativa de la comunidad.

El 8 de septiembre de 2015 el Dr. Bojórquez entregó el dictamen pericial en el juzgado. Con base en este peritaje, el 9 de septiembre la comunidad presentó ante el juzgado, las propuestas acordadas para la reparación de las afectaciones.

Como resultado de las reuniones entre la comunidad y las autoridades estatales para conciliar las medidas de mitigación y remediación, se acordaron medidas que incluyen: la realización de acciones de reforestación y conservación de suelo, el establecimiento de una vereda y la rehabilitación de los cuerpos de agua. Asimismo, el pago de una indemnización de 65 millones de pesos, que se asignarían a través de un fideicomiso público autorizado por el Congreso del Estado en un plazo de 7 años.